En su libro “Ontología del lenguaje” Rafael Echeverría aborda el tema de “El poder de las conversaciones”. Allí distingue, entre otras, tres tipos de conversaciones necesarias cuando se produce un quiebre en cualquier ámbito de la vida.
Las “Conversaciones para coordinar acciones” suponen que los interlocutores comparten lo que hay que hacer y, en consecuencia, el foco está en definir las acciones a realizar para resolver un conflicto. Pero eso, como constatamos por estos días, no siempre ocurre.
Ante estos casos, el autor propone recurrir a las “Conversaciones para coordinar posibles acciones”. En ese caso la tarea es explorar acciones para expandir las posibilidades que permitan hacerse cargo de un problema. También sabemos que esto a veces tampoco es viable.
Entonces Echeverría menciona una alternativa más básica: las “Conversaciones para coordinar posibles conversaciones” que se hagan cargo de las desconfianzas y construyan las garantías que los interlocutores necesitan.
Echeverría cita casos muy complejos de conversaciones cuando esta última es la única opción que va quedando, como las que se llevaron a cabo en Sudáfrica entre funcionarios del gobierno del presidente de Klerk y el equipo de Nelson Mandela. Las desconfianzas eran muchas y había que preparar el camino para que los líderes pudieran reunirse para abordar juntos sus divergencias y explorar las formas más efectivas para resolverlas de un modo en que ambas partes las consideraran aceptables.
Pero para conversar hay que escuchar, porque finalmente eso es lo que valida el hablar. En la discusión sobre la crisis de la educación en Chile se puede potenciar la capacidad de escuchar y, en ese contexto, la posibilidad de realizar un plebiscito para escuchar a los ciudadanos puede fortalecer la legitimidad de las decisiones que finalmente se adopten.
El punto central es construir confianzas. Es complicado que escuchar a los ciudadanos sea visto como una debilidad, porque en una democracia se trata más bien de una fortaleza. Los ciudadanos no pueden ser desterrados del debate público y reducidos sólo a la posibilidad de marcar una rayita en el voto cada cuatro años.
